PONENCIA: NIÑAS Y NIÑOS EN LOS MÁRGENES

“PRIMERAS JORNADAS NACIONALES ABOLICIONISTAS SOBRE PROSTITUCIÓN Y TRATA DE MUJERES NIÑAS/OS”

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS - UBA – 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2009

PONENTE:
Nora Graciela Pulido:

Docente Seminario Derechos Humanos con perspectiva de Género. Cátedra Libre de Derechos Humanos. Facultad de Filosofía y Letras. U.B.A.
Profesora Adjunta, Historia Social y Económica, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Coordinadora del Colectivo de derechos de Infancia y la Adolescencia
Presidenta de Asociación para los Derechos de la Infancia (ADI)



Resumen
El Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia en su informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño en la Argentina, señala que comparados con los datos de la población en general, los índices de pobreza dan cuenta de un mayor impacto de la exclusión entre niñas, niños y adolescentes, situación que se agrava en las regiones más postergadas y también entre los más chicos.

UNICEF informa que actualmente la pobreza en Argentina afecta a más de cinco millones de niñas, niños y adolescentes. Estos niños y niñas que crecen y desarrollan en hogares pobres, asisten a escuelas en muchos casos mal provistas y tienen pocos espacios de recreación, tienen sus derechos económicos sociales y culturales vulnerados y están más expuestos a otras situaciones de vulneración.

No hay información cuantitativa sobre los diferentes tipos de violencia que se ejerce sobre los/las niños, niñas y adolescentes, no se dispone de datos oficiales.
Entre estos casos de violencia extrema encontramos la Explotación sexual comercial infantil (ESCI), donde la presencia de adolescentes en situación de explotación en las calles de las ciudades de Argentina es un fenómeno creciente y de comprobación cotidiana.

A pesar de la creación de variados programas desde el estado no se han desarrollado políticas coordinadas para la prevención y la atención de las víctimas y la restitución de sus derechos vulnerados, tal como está enunciado en el artículo 34 de la Convención sobre los Derechos del Niño

Es imprescindible la prevención y atención de las víctimas y también que se logre la persecución del delito, se resuelvan los casos , se logre justicia y fundamentalmente se diseñen políticas públicas integrales dirigidas al cumplimiento de los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
NIÑAS Y NIÑOS EN LOS MÁRGENES

El doble impacto de la exclusión entre adolescentes.

El Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia en su informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre los derechos del Niño en la Argentina, señala que comparados con los datos de la población en general, los índices de pobreza dan cuenta de un mayor impacto de la exclusión entre niñas, niños y adolescentes, situación que se agrava en las regiones más postergadas y también entre los más chicos.

La estadística del segundo semestre de 2006 revela que la pobreza afecta a menores de 18 años 1,5 veces más de lo que incide para el total de la población, casi dos veces de lo que impacta en los de 23 a 64 años y 3,7 veces de lo que afecta al grupo mayor de 65 años . Estas brechas se replican a nivel nacional para el grupo de menores de 14 años pero cobran una preocupante magnitud cuando la comparación se hace por regiones. Para los adolescentes de este grupo etáreo que habitan el Noreste argentino la pobreza impacta cinco veces más de lo que alcanza a los que tienen más de 65 años de todo el país y tres veces más que lo que incide entre los de su misma edad en la Ciudad de Buenos Aires. Valores apenas inferiores resultan de la misma comparación para los menores de 14 años del Noroeste argentino.

Se observa además que mientras que la pobreza para el total de la población experimentó un descenso del 44% entre 2003 y 2006, para el conjunto de menores de 18 años la caída fue del 37% y entre los menores de 14 años el descenso a nivel país fue del 36%. Menos favorecidas resultaron, nuevamente, las regiones del Noreste y el Noroeste argentino, donde el descenso de la pobreza para quienes aún no cumplieron los 14 años fue del 20% y del 28% respectivamente, con valores que llegan a la mitad del guarismo nacional.

UNICEF informa que actualmente la pobreza en Argentina afecta a más de cinco millones de niñas, niños y adolescentes .
Estos niños y niñas que crecen y desarrollan en hogares pobres, asisten a escuelas en muchos casos mal provistas y tienen pocos espacios de recreación, tienen sus derechos económicos sociales y culturales vulnerados y están más expuestos a otras situaciones de vulneración.

Violación de Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes y ESCI

No hay información cuantitativa sobre los diferentes tipos de violencia que se ejerce sobre los/las niños, niñas y adolescentes, no se dispone de datos oficiales.

El mismo estado argentino reconoce la falta de datos en su informe 2008 ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU y dice: “Esta es una de las recomendaciones que presenta mayores dificultades a la hora de su implementación dada la dispersión del sistema de estadísticas en muchas provincias de nuestro país.”
Se comprueba una vez más la invisibilización de estas violaciones a los Derechos Humanos, si no se nombra, si no se enumera, si no se contabiliza, pareciera que no existe.

Entre estos casos de violencia extrema encontramos la Explotación sexual comercial infantil (ESCI), donde la presencia de adolescentes en situación de explotación en las calles de las ciudades de Argentina es un fenómeno creciente y de comprobación cotidiana.

La legislación internacional, ratificada por nuestro país protege formalmente los niños, niñas y adolescentes de estas violaciones. Así la Convención sobre los Derechos del Niño, en el art. 34, inc. B) prohíbe la explotación de los niños en la prostitución u otras prácticas ilegales. Estas garantías están ampliadas en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Ambos marcos normativos internacionales han sido ratificados por la argentina y, en el caso de la CDN está incluida en la Constitución Nacional en el artículo 75.

También la legislación interna recoge estos principios, así la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sancionada en 2005, establece en su articulo 9: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral…”

Si bien, el marco normativo está inscripto en el reconocimiento de los Derechos Humanos para la población infantil y adolescente, no se verifica su cumplimiento en la vida cotidiana.
Una investigación de UNICEF , realizada hace ya varios años en Buenos Aires, Posadas y otras ciudades de Misiones, Resistencia y otras localidades del Chaco, la ciudad de Córdoba y otras localidades de esa provincia, Neuquén y Puerto Madryn da cuenta de la vida de las/los adolescentes en situación de prostitución tanto en la calle como encerradas en departamentos privados, hoteles, clubes, saunas y prostíbulos. También informa sobre la existencia de “prostíbulos de lujo” con prostitución juvenil tanto femenina como masculina.

Si bien la pobreza hace que las vulneraciones a los derechos sean mayores, no hay que dejar de lado “la demanda” de adultos que, como prostituyentes, compran y explotan a niños y niñas, los reclutan, y forman parte de las organizaciones que protegen estos ilícitos.

La trata de personas es una modalidad delictiva que está asociada a la prostitución y a la ESCI que actúa en redes y mafias operando fundamentalmente en el centro, norte y sur del país, y en la mayoría de los casos está acompañada o complementada de otros delitos, como la privación ilegítima de la libertad, el abuso sexual, golpes y torturas.

Se estima que 20 redes operan en el país y que entre proxenetas se venden y alquilan mujeres y chicas por valores que pueden variar desde los 200 pesos a los 5.000. Algunas fuentes hablan de 400 casos registrados en los últimos tres años y se cree que el negocio mueve unos 100 millones de dólares anuales en la Argentina.

El Defensor del Pueblo de la Nación denunció en un informe que el 90% de las víctimas de trata son mujeres y niñas. “Los factores que inciden o empujan a las víctimas hacia las redes de explotación son: situación económica desfavorable, contextos estructurales hostiles, historias de violencia familiar, pertenencia a familias numerosas, desocupadas, o con trabajos con altos grados de explotación y mínimos ingresos, entre otros”.

La pobreza es sin duda un eje medular, pero enfatizar sólo en ella y dejar de lado "la demanda", es desconocer que hay adultos que, como clientes, compran y prostituyen niñas y niños, los reclutan, y otros que forman parte de las organizaciones que protegen estos ilícitos.

Cabe señalar que cada uno de los actores que intervienen en la trata de personas –los prostituidores y los proxenetas, todos los que lucran y apoyan de alguna manera los circuitos de explotación, incluyendo a los denominados clientes- tienen una responsabilidad que no se puede dejar de mencionar. Según algunos casos conocidos recientemente a través de chicas que han conseguido escapar de estas situaciones, las víctimas pueden pasar años sometidas por sus tratantes, bajo la amenaza y la extorsión permanente para que callen y actúen funcionalmente a ellos.

Se han detectado casos de trata en Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos, Misiones, Santa Cruz y Mar del Plata. Los mismos se pudieron conocer porque la víctima escapó, o por padres que arriesgaron sus vidas, se infiltraron y rescataron a sus hijas. Y hay aún desaparecidas, secuestradas, ocultas y sometidas por las redes que lucran con este delito.

A pesar de que la explotación sexual infantil ha aumentado sus niveles de visibilidad social en los últimos años y que las demandas de asistencia han aumentado, las respuestas y propuestas no han acompañado la magnitud del problema ni su complejidad.
En abril de 2008
entró en vigencia una nueva Ley Nacional de “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”. Dicha norma tipifica a la trata como un delito federal pero resulta de un estrecho alcance al no considerarla un delito para las víctimas mayores de 18 años cuando éstas prestaron su consentimiento, ignorando así que el mismo es objeto de presión, engaños y manipulaciones por parte de estas redes, que además suelen captar a las víctimas cuando son menores de edad.

Poco después de la sanción de esta ley entró en funcionamiento un nuevo organismo que se sumó a otros preexistentes. Esta nueva Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas del Delito de Trata, quedó en ese momento a cargo de jefatura de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Otras iniciativas se habían dado en años anteriores, durante el año 2001 el Consejo Nacional del Menor y la Familia, el Consejo Nacional de la Mujer, la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y La fiscalía General de Política Criminal habían presentado un Plan de acción a favor de los derechos de la infancia explotada sexualmente.

Altas instituciones unidas en un plan con nombre sugerente, pero no hubo desarrollo de acciones en los años subsiguientes.
Posteriormente en el 2002, el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia crea “Sub Programa de Explotación Sexual” en el Programa de Capacitación y Tratamiento de la Violencia Familiar, Maltrato Infantil y Abuso Sexual. Y a partir del 2003 se desarrolla el “Programa Luz de Infancia”. Programa de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, CONAETI (frontera Paraguay – Brasil),

En ocasión de la reforma del Código Procesal Penal se crea la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito.

Ya en el año 2005 se sumaron dos servicios de atención: la Unidad Especial para la Promoción de la Erradicación de la Explotación Sexual Infantil de la Secretaría de Derechos Humanos y en el Ministerio del Interior Programa “Las víctimas contra las violencias” con una brigada móvil para la atención y asistencia a las víctimas de violencia sexual

A pesar de la creación de variados programas desde el estado no se han desarrollado políticas coordinadas para la prevención y la atención de las víctimas y la restitución de sus derechos vulnerados, tal como está enunciado en el artículo 34 de la CDN.

Más graves aún son los descubrimientos sobre el accionar de agentes del estado cómplices de los delitos que se investigan. Grabaciones de conversaciones desde un móvil policial de la Provincia de Río Negro con un prostíbulo de la zona demuestran la complicidad policial en la trata de niñas para la prostitución. “Esta prueba fue hallada en la búsqueda de Otoño Uriarte. La joven, de 16 años, desapareció el 23 de octubre de 2006 cuando regresaba de noche a su casa, una chacra de la localidad de Fernández Oro, cercana a la ciudad de Cipolletti. La hipótesis de que la chica haya sido secuestrada por una red de trata llevó a la jueza a investigar el cabaret y dar así, indirectamente, con esta trama” .

También en el pueblo de San Benito, ubicado a 200 kilómetros de Paraná, se descree de las autoridades judiciales, se sigue reclamando justicia para Fernanda Aguirre, desaparecida hace ya cinco años. La falta de claridad en la investigación y el proceso judicial hace que su madre siga luchando por encontrarla y descubrir la trama de poderes que ocultan los hechos ocurridos.

Una miembra del poder Judicial de la provincia advierte sobre las graves falencias del sistema y dice: “… todavía en las comisarías siguen con la vieja práctica de negarse a tomar las denuncias inmediatamente, alegando que hay que esperar 48 horas e induciendo a familiares que la efectúen como fuga de hogar y no como pedido de paradero. Esta situación lleva a presumir que la persona que desapareció se fue porque quiso y, por lo tanto, es culpable y no víctima. Esto de alguna manera nos hace cómplices y a esto me refiero cuando pido directivas claras para la persecución del delito. Un funcionario con responsabilidad deja de hacer cuando no toma en serio las denuncias, no investiga, no se involucra en los casos, estigmatiza a las víctimas, a su entorno o su familia. Es decir se es cómplice por acción u omisión.
Si deja de hacer eso a lo que está obligado, es porque deja hacer a quienes frente a la inacción perciben rápidamente una especie de zona liberada.”

“En 2007 fue creada bajo la órbita de la policía provincial la División de Unidad de Lucha contra la Trata de Personas. Lamentablemente esta unidad cuenta con escasos recursos operativos e informáticos, con el agravante de que el recurso humano además de escaso es removido constantemente de sus funciones impidiendo de esta forma la consolidación de un equipo capacitado”

Los programas diseñados para el abordaje específico de esta problemática desde el estado evidencian falta de articulación y coordinación en el abordaje del problema. A pesar de los anuncios sobre la realización de procedimientos y liberación de mujeres, niñas y adolescentes de las redes, no se verifica la debida atención a las víctimas ni la finalización de juicios con condenados por estos delitos.

Es imprescindible que los servicios de atención a víctimas de ESCI se amplíen para llegar a todo el territorio nacional y articulen su accionar. También es fundamental implementar las garantías a las víctimas, previstas en la legislación procesal penal y difundir su existencia entre la población . Como también que se logre la persecución del delito, se resuelvan los casos , se logre justicia y fundamentalmente se diseñen políticas públicas integrales dirigidas al cumplimiento de los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes.